· Mendoza, de de ·
Tras el último acuerdo paritario del sector, desde el Gobierno destaca que la cifra refleja los requerimientos que fija la Carta Magna.
El reciente acuerdo paritario alcanzado en la industria aceitera dejó cifras que trascendieron el ámbito estrictamente sectorial. Los trabajadores de la actividad percibirán un salario mínimo de $1.822.493,35, un monto que no tardó en captar la atención del Gobierno Nacional, al punto de ser erigido como un parámetro de cumplimiento del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En declaraciones televisivas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, analizó el impacto del convenio y señaló que dicha cifra se alinea con el concepto genuino de un Salario Mínimo, Vital y Móvil, capaz de contemplar todas las necesidades básicas de un hogar.
Históricamente, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyAR), junto a los gremios adheridos, ha tomado como estandarte los parámetros del artículo constitucional para fundamentar sus demandas de mejoras salariales.
Esta metodología ha posicionado de manera sistemática los entendimientos de los aceiteros entre los salarios más elevados del mercado laboral argentino, convirtiéndolos tradicionalmente en un termómetro y una referencia insoslayable dentro del movimiento obrero.
Para el Gobierno de Javier Milei, el desenlace de esta paritaria sirve para respaldar su filosofía de no intervención estatal en la fijación de aumentos generales, priorizando la autonomía de las partes para que cada actividad acuerde según su propia realidad económica y productiva.
Durante su exposición, el funcionario recordó que la normativa madre establece que las remuneraciones deben garantizar rubros esenciales como alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.
"Si uno tomara literalmente lo que dice la Constitución, el salario mínimo tendría que ser de $1.822.493,35", indicó el funcionario.
En este sentido, el ministro destacó un punto central para la administración libertaria: el incremento no fue impuesto por decreto estatal, sino que emanó de una negociación paritaria libre entre los empresarios y los representantes gremiales, ratificando que este es el mecanismo idóneo para fijar los haberes.
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