La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ha lanzado una contundente advertencia al anunciar un paro nacional de actividades para el próximo viernes 19 de julio. La medida de fuerza, que promete generar serias complicaciones en el transporte aéreo, tanto para vuelos domésticos como internacionales, coincidirá con el inicio del receso invernal en la provincia de Buenos Aires, impactando directamente en miles de planes de viaje.

La decisión de los pilotos surge como una enérgica respuesta al reciente Decreto 378/2025, firmado por el presidente Javier Milei. Desde APLA, la postura es clara y crítica: sostienen que la nueva normativa atenta gravemente contra la seguridad aérea. Argumentan que el decreto flexibiliza los tiempos de servicio de vuelo, reduce los períodos de descanso obligatorios y elimina medidas esenciales para mitigar la fatiga de las tripulaciones.

"Este decreto pone en riesgo la vida de pasajeros y tripulaciones. No podemos permitir que se comprometa la seguridad operacional en pos de una supuesta modernización", declaró un vocero del gremio, enfatizando la gravedad de las implicaciones del nuevo marco regulatorio. La asociación ha exigido al gobierno la inmediata derogación de la medida.

Por su parte, desde el ámbito gubernamental, las autoridades han buscado minimizar el alcance y la justificación de la protesta. Voceros oficiales han deslizado que la medida de fuerza podría tener motivaciones políticas, interpretándola como una forma de resistencia a los cambios propuestos para la modernización del sistema aéreo nacional.

La fecha elegida para el paro es particularmente sensible. Con el comienzo de las vacaciones de invierno en una de las jurisdicciones más importantes del país, se espera un aumento significativo en el flujo de pasajeros. La interrupción de los vuelos en este contexto podría derivar en un verdadero caos en los aeropuertos y generar cuantiosas pérdidas económicas para el sector turístico.

La situación preanuncia días de tensión en los cielos argentinos. Mientras APLA se mantiene firme en su reclamo por lo que consideran la preservación de la seguridad, la administración nacional enfrenta el desafío de desactivar un conflicto que podría afectar seriamente la conectividad y la planificación de las vacaciones de miles de familias.