· Mendoza, de de ·
El oficialismo convocó a sesión para el miércoles y confía en aprobar el proyecto en general, aunque aún no tiene asegurados los votos para sostener los cambios fiscales y el nuevo esquema de indemnizaciones, dos puntos clave de la iniciativa.
El oficialismo intentará sancionar el próximo miércoles en el Senado el proyecto de reforma laboral, una de las leyes centrales de la agenda del presidente Javier Milei. La sesión fue convocada para las 11 por la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y se desarrollará en un clima de fuerte tensión social, ya que ese mismo día confluirán una marcha de las centrales sindicales, una movilización de organizaciones de izquierda y la tradicional protesta de los jubilados.
La iniciativa introduce cambios profundos en las normas que regulan el mercado laboral, como la caída de la ultraactividad de los convenios colectivos, modificaciones en el régimen de vacaciones, el sistema indemnizatorio y las reglas de afiliación sindical.
La Libertad Avanza (LLA) tiene garantizados los votos para aprobar el proyecto en general y la mayoría de los artículos, pero aún no logró cerrar acuerdos para sostener dos ejes sensibles de la reforma: el capítulo fiscal y los cambios en el sistema de indemnizaciones.
Hasta el momento, el oficialismo cuenta con 20 votos propios y el respaldo del monobloque del Frente Cívico, diez senadores radicales, tres del PRO, dos misioneros, una tucumana, una chubutense, una neuquina y un correntino. A ese esquema podría sumarse una senadora salteña, lo que permitiría alcanzar alrededor de 40 votos.
En la vereda opuesta, el interbloque peronista reúne 25 votos en rechazo al proyecto, entre los que se cuentan 21 del bloque justicialista, dos del Frente Cívico de Santiago del Estero y dos de Convicción Federal.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, continuará hasta el mismo miércoles las negociaciones con los senadores para lograr la sanción de la ley sin modificaciones sustanciales. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores, actores clave en la definición de los votos.
La principal resistencia de los mandatarios provinciales se concentra en la rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas, que pasaría del 35% al 31,4%. Los gobernadores advierten que el impacto fiscal de esa medida, estimado en casi 2 billones de pesos, se sentirá con fuerza en 2027, año electoral.
Otro punto de tensión es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% de los aportes que hoy los empleadores destinan a la ANSES, con el objetivo de cubrir los despidos. Los aliados de la UCR reclaman que ese beneficio sea exclusivo para las pymes y no alcance a las grandes empresas.
En cambio, sí existe consenso para establecer un tope indemnizatorio de un salario por año trabajado, con un máximo de tres veces el salario promedio. El monto podrá pagarse en hasta 12 cuotas en las grandes empresas y en 18 cuotas en las pymes, con una actualización basada en el índice inflacionario más un 3% anual.
En el dictamen ya se incorporaron algunos cambios, como la mejora del esquema para las pymes y la aclaración de que los salarios deberán abonarse únicamente en moneda nacional o extranjera, sin otras formas de pago.
Respecto a la ultraactividad de los convenios colectivos, se resolvió mantener por un año las cláusulas normativas -condiciones laborales-, pero eliminar las obligaciones económicas, como los aportes solidarios que muchas empresas realizan a cámaras empresariales y sindicatos.
Con negociaciones abiertas hasta último momento, el oficialismo enfrenta una sesión decisiva para avanzar con una de las reformas estructurales más ambiciosas del inicio de la gestión de Javier Milei. Si querés, te la ajusto a tono más político, más institucional o con foco en gobernadores
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