El juez Juan Carlos Peinado dictó el auto de apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. 

La resolución abarca los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, alcanzando también a su asesora Cristina Álvarez en calidad de coacusada.

Cátedra a medida y sospechas sobre la Quinta de la Moncloa

La investigación del juzgado de instrucción número 41 de Madrid concluyó que existen indicios racionales de prevalimiento por parte de la acusada. Según el magistrado, Gómez habría aprovechado su posición para la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid y utilizado de manera continuada a una empleada estatal para tareas privadas, con un costo de más de 400.000 euros para las arcas públicas.

En su escrito judicial, Peinado comparó el uso del personal de Presidencia con prácticas propias de regímenes absolutistas, señalando un salto cualitativo en los ingresos de la imputada a partir de 2020. Aunque no se exigió fianza ni el bloqueo de sus activos, el magistrado ordenó inspeccionar sus últimas cinco declaraciones del IRPF para determinar su capacidad económica actual.

Por su parte, desde el Palacio de la Moncloa reaccionaron con dureza e indudable rechazo. El Gobierno español condenó la resolución judicial, tildándola de arbitraria y considerándola una persecución directa impulsada únicamente por el vínculo matrimonial con el jefe del Ejecutivo. A pesar del descargo oficial, la causa avanza formalmente y la Fiscalía dispondrá de diez días para presentar su acusación.