· Mendoza, de de ·
La resolución apunta a destrabar la construcción de un aliviador clave para mitigar la contaminación hídrica. Las parcelas rurales afectadas sufrirán servidumbres de paso y posibles expropiaciones.
El Departamento General de Irrigación (DGI) dio un paso drástico para intentar mitigar la severa crisis sanitaria y ambiental que padecen los vecinos de Guaymallén.
A través de la resolución N° 622 publicada en el Boletín Oficial, el organismo rector del agua declaró de "utilidad pública" un total de 21 parcelas privadas ubicadas en la localidad de Los Corralitos. La normativa faculta legalmente a la empresa estatal Aguas Mendocinas (Aysam) a iniciar acuerdos de servidumbre o avanzar directamente hacia la expropiación de los inmuebles rurales implicados.
La infraestructura proyectada consiste en la construcción del denominado "Aliviador Colectora Máxima Noreste", una obra indispensable para contener los históricos derrames de líquidos cloacales que inundan de forma sistemática la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo.
Las superficies afectadas varían según la parcela, registrándose trazados preventivos que superan los 11.000 metros cuadrados en zonas de alta producción agrícola. Los propietarios damnificados por la medida gubernamental serán notificados formalmente esta semana y dispondrán de diez días hábiles para presentar recursos de apelación.
El avance de esta megaobra se da bajo un clima de extrema tensión institucional y judicial. En los últimos meses, el constante desborde de efluentes hacia los canales de riego generó reiteradas denuncias por contaminación, derivando en una causa penal que mantiene imputado al presidente de Aysam, Humberto Mingorance. Asimismo, la firma estatal ya carga con una multa récord de 120 millones de pesos impuesta por Irrigación debido al daño ambiental provocado. Con esta declaración de utilidad pública, el Ejecutivo busca acelerar los tiempos legales para iniciar los trabajos en el territorio guaymallino.
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